19 febrero 2017
Emilio Marín – El general Milani quedó detenido en La Rioja, acusado de secuestros y torturas durante la dictadura. Una buena noticia para los derechos humanos. Sin embargo, en política, esa detención generó silencios que aturden.
La historia no queda atrás; en muchos casos vuelve al presente y divide aguas en la política. Al menos en la Argentina; en Suiza posiblemente sea otra historia. Así ocurrió el viernes con la detención del general retirado César Milani en La Rioja, en el juzgado de Daniel Herrera Piedrabuena, donde había comparecido por tres secuestros y torturas que se le imputan durante la dictadura militar-cívica.
El martes anterior había declarado en Tucumán, en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, ante el juzgado de Fernando Poviña. Ese fue un trámite que siguió limando su figura, pero no quedó preso. En La Rioja sí, por los secuestros y vejámenes sufridos en 1977 por Ramón Olivera y Pedro Olivera, y por la estudiante Verónica Matta, en aquella ciudad donde Milani era un joven subteniente del área de Inteligencia.
La corta edad fue un argumento defensivo allá por 2013, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo encumbró como jefe del Ejército. Y más cuando en diciembre del mismo año la mandataria hizo aprobar su pliego en el Senado premiándolo con el ascenso a teniente general, el más alto cargo del escalafón.
Por entonces ya habían trascendido las denuncias en contra del general -las de Olivera padre e hijo habían sido ratificadas ante la Conadep riojana en 1984- y organismos de Derechos Humanos como el CELS habían elevado los antecedentes al Senado, como hacía todos los años en los casos de militares cuestionados por antecedentes de participación de crímenes de lesa humanidad.
En esa ocasión el alineado con el “proyecto nacional y popular” se ganó nomás las palmas sanmartinianas, aún con todas esas denuncias y pésimos antecedentes. Lo impugnaban los familiares del soldado Ledo y organismos de DD HH, algunos tan cercanos al oficialismo como el que preside Horacio Verbitsky. Pero la política cristinista metió la mano y en el bolillero el general se sacó la grande.
Esta vez no tuvo esa suerte. No quiso declarar y se limitó a entregar un escrito, pero el juez Herrera Piedrabuena y la fiscal Virginia Miguel Carmona consideraron que en libertad podía entorpecer la investigación de los delitos. Y Milani quedó detenido, con la polémica política servida.
Que en 1977 fuera un subteniente de 21 años no es una prueba de inocencia. Muchos secuestrados decían que los jóvenes oficiales torturaban con más fuerza que los viejos. El teniente Alfredo Astiz también tenía esa edad y fue decisivo en la desaparición de 12 personas en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977
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